¿Y la planificación para el desarrollo?

Por Josefina González Elizondo, abogada especialista en regulación energética UBA – CEARE.

Recientemente la Legislatura rionegrina aprobó la Ley N° 5782, ratificando el acuerdo entre el Ejecutivo y VMOS S.A. para construir un oleoducto entre Allen y Punta Colorada y una terminal portuaria para exportar crudo de Vaca Muerta.

Según sus fundamentos, “pasamos de ser un territorio de paso a ser protagonistas en la industria energética y petrolera”. Sin embargo, la única ventaja estratégica que ofrece Río Negro es geográfica: está en el punto más cercano al mar desde Vaca Muerta. Ese, y no otro, parece haber sido el verdadero motor de la decisión.

El acuerdo autoriza la venta directa de 170 hectáreas de tierras fiscales y otorga exenciones impositivas, estabilidad fiscal por 30 años y aportes en dólares no actualizables. Todo dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que adhirieron tanto VMOS como la Provincia, restringiendo su capacidad de incidir fiscalmente en el proyecto.

Entre los puntos más sensibles, el Aporte al Desarrollo Territorial, por 60 millones de dólares por treinta años. Se desconoce la justificación del monto frente a la magnitud del proyecto, puesto que, la ley que lo establece no fue reglamentada, no hay parámetros objetivos para determinar cómo se fijó este aporte. Esto resulta problemático considerando que la Ley que lo establece es anterior a la entrada en vigencia del RIGI. El marco legal es claro. Lo que falta es voluntad política para ejercerlo plenamente.

La Tasa de Control y Fiscalización, fue fijada en un monto único e inmodificable de 1.050.000 dólares anuales, sin ningún tipo de actualización ni vínculo con el volumen transportado. Esto implica que, aún si la capacidad del oleoducto se incrementa de 392.000 barriles diarios a 550.000, la Provincia seguirá percibiendo lo mismo, asumiendo mayores costos de control e inspección sin recursos adicionales. Tampoco se conocen los criterios técnicos que justifican ese monto congelado, teniendo en cuenta que es una tasa de control operativa del trasporte y que la ley que lo impone es anterior a la entrada en vigencia del RIGI.

También se fijó una Contribución por Aporte Comunitario de USD 40 millones anuales, pero por 13 años, sin norma que la respalde ni mecanismo de actualización. No se vinculó al volumen exportado ni a las ganancias del proyecto. Se trata de un canon acordado entre partes, sin criterios objetivos claros ni encuadre normativo preciso, lo que lo convierte en una figura atípica dentro del derecho público provincial. Pudo haber sido fijado en vinculación a los volúmenes exportados.

La Provincia percibirá canon y regalías por el uso del dominio público portuario, hídrico y costero, así como una tasa ambiental de inspección y control para la actividad hidrocarburifera y los tributos provinciales vigentes, como el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Estabilidad Fiscal extendida: no solo VMOS goza de este régimen blindado, se otorga a sus accionistas, afiliadas y operadores logísticos. Esto limita la capacidad recaudatoria provincial y reduce la capacidad recaudatoria.

Se establece un Programa de Monitoreo del Golfo San Matías y una Comisión Técnica Fiscalizadora, el acuerdo carece de definiciones claves respecto de integrantes, financiamiento y competencias. La falta de precisión contradice la rigurosidad que debería tener la materia ambiental.

Un punto a favor es que se haya exigido el domicilio fiscal y legal en la provincia y la jurisdicción de los tribunales ordinarios, a diferencia del RIGI, que prevé arbitrajes internacionales.

¿Hacia dónde vamos?

El oficialismo reconoció que, por el RIGI, fue inviable cobrar sobre volúmenes exportados. Así, el acuerdo con VMOS parece más un conformismo  anticipado que una apuesta estratégica.

El acuerdo carece de visión industrial, no incluye refinación, empleo calificado ni desarrollo tecnológico. El riesgo es claro: que Río Negro sea solo una vía de paso para la riqueza, sin apropiación de valor.

Más allá del blindaje legal, ¿cuál es la política energética de la provincia? ¿Dónde están los proyectos que impulsen la industrialización, incentiven proveedores locales o generen economías regionales sostenibles?

El desafío no es solo explotar recursos, sino transformarlos en desarrollo real. ¿Queremos ser protagonistas de una nueva economía o meros espectadores del paso del petróleo? ¿Como VAMOS a hacer para que la actividad hidrocarburifera en nuestra provincia sea una actividad de crecimiento y desarrollo y no que estos convenios se traduzcan meramente en búsquedas de recursos rápidos para arcas vacías.?

Argentina ya vivió un cambio de paradigma energético con Vaca Muerta gracias a decisión política, planificación y estrategia. Eso, precisamente, es lo que hoy falta en Río Negro.

El proyecto VMOS debe ser una oportunidad, un abridor de puertas hacia futuras inversiones con objetivos de desarrollo, empleo y valor agregado para la provincia.