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El próximo 6 de abril se conocerá el fallo  del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que decidirá la viabilidad o no de una nueva candidatura a gobernador Alberto Weretilneck  con vistas a los comicios del 7 de abril.

Desde el punto de vista formal Weretilneck hoy no es candidato por el fallo adverso del Tribual Electoral Provincial (TEP), pero  Juntos Somos Río Negro (JSRN) requirió en su apelación el carácter suspensivo de su decisión, por lo cual el proceso judicial seguirá adelante con la postulación observada del gobernador.

En este marco sensibilizado por el comienzo de la campaña electoral, cualquiera fuera el resultado de la opinión de los magistrados, quedará finalmente develada la  principal   incógnita de la política rionegrina encriptada desde hace demasiado tiempo.

Se trata de la perspectiva y proyección de un proyecto político audaz, jugado ahora a todo o nada, y según dicen sus inspiradores no hay previsto ningún Plan B, ya que el  mandatario está dispuesto a instalar un capitulo hegemónico en Río Negro similar al del radicalismo que perduró durante 28 años.

Ahora, y por primera vez en su breve historia política e institucional, la sociedad rionegrina asiste un   proceso de judicialización de la política, que ha servido para analizar si no se aproxima el tiempo de una convocatoria  consensuada para la reforma constitucional y obtener un nuevo documento base de convivencia, con menos declaraciones teóricas o meramente enunciativas de muy  difícil cumplimiento y con mayores efectos prácticos.

Y para depurar su texto eliminando el articulado de dudosa,  equívoca  o apresurada redacción (la copia de alguna otra constitución provincial), que evite dobles interpretaciones o desvíe la política al ámbito de los tribunales.

Es decir, para obviar en el futuro que vuelvan  a reiterarse en la vida de los rionegrinos estas procelosas jornadas que se están viviendo en los primeros meses del año, donde las diferencias de los políticos tengan que ser dirimidas por los jueces y en vísperas de elecciones para elegir gobernador, vice y legisladores provinciales.

EL PROCESO JUDICIAL EN MARCHA

La puesta en marcha del alto tribunal de la  provincia será en respuesta a la apelación que formalizaron el miércoles  28 los apoderados de JSRN, Facundo López y Damián Trejo, contra el fallo por unanimidad   de los jueces  del TEP que no oficializó la candidatura del gobernador Weretilneck para  un nuevo mandato.

Fue este el primer fallo de peso de la justicia, que había sido precedido antes por la opinión no vinculante  del fiscal de Cámara, Hernán Trejo, que no encontró ningún impedimento para que Weretilneck fuera convalidado como candidato en respuesta a las impugnaciones de Cambiemos y el Frente para la Victoria (FpV).

La resolución del TEP causó sorpresas dentro  del gobierno que aguardaba un resultado más indulgente del fallo  y también en los círculos  políticos, especialmente por la unanimidad  de los magistrados .

La sentencia fue consignada en un escrito avalado con la firma de los magistrados Sandra Filipuzzi, María Luján Ignaci y Ariel Gallinger.

Su argumento central es que la fórmula es una unidad  indivisible y que la reelección de Weretilneck se cumple con su primer mandato en la vicegobernación y el actual periodo gubernamental.

En su análisis de los mandatos sostiene que  el binomio de gobernador y vice es “una fórmula a modo de bloque  o de unidad en tanto uno acompaña al otro”.

La apelación del oficialismo  ingresó el viernes último al STJ y consistió en un extenso escrito de 46 páginas  a cargo de los apoderados Damián Torres e  Ignacio Rodríguez  con  variados argumentos para justificar la habilitación electoral del gobernador Weretilneck.

De allí llegará al procurador Jorge Crespo para que haga su dictamen.

Será ésta también una opinión no vinculante, la que ya habría sido elaborada y  próxima a ser remitida al alto cuerpo que está obligado a dar a conocer su sentencia el miércoles venidero, a un mes exactamente de las elecciones del 7 de abril.

Los abogados de  JSRN cuestionaron a los jueces del TEP por actuar con “arbitrariedad” y hacer “un absurdo razonamiento de la legislación aplicable”.

Indicaron que esa sentencia desfavorable para Weretilneck “posee una deficiente motivación parcializada en argumentos (incluso al analizar los debates de los constituyentes del año 1988, descontextualizando citas) y que prescinde de las circunstancias fácticas del presente caso, omitiendo además abordar los ejes centrales defensistas  de nuestra parte sin considerarlos siquiera como para refutarlos”.

En otro de sus párrafos mas significativos los abogados Torres y Rodríguez hablan de que el TEP ha incurrido en un absurdo razonamiento puesto “que se han realizado interpretaciones de la normativa parcializada prescindiendo de tratados internacionales aplicando una postura restrictiva en todo el razonamiento normativo y partiendo desde un  análisis desde hipótesis abstractas y abusivas”.

LA INSTANCIA FINAL EN EL AMBITO PROVINCIAL.

Los jueces que integran el STJ son Adriana Zaratieguy, Liliana Piccinini, Sergio Barotto y Enrique Mansilla, y no estará presente al momento de la votación Roberto Apcarián quien se excusó por haber sido apoderado del Frente Grande, en épocas que militaba en esa agrupación política el hoy gobernador Weretilneck.

Será reemplazado por Marcelo Valverde quien proviene de la cámara laboral.

Como sucedió con el TEP  días pasados se trata de un tema sobre cuyo veredicto  se guarda un cerrado hermetismo, propicio para intentar ser desentrañado, sobre todo en los ámbitos politizados por   la incontenible circulación de   comentarios vaticinios y pronósticos.

Algunos de ellos tan temerarios como  malidicentes, provenientes en general de  quienes siempre critican corrosivamente a la justicia, y les cuesta aceptar la existencia de magistrados ecuánimes y ajenos a todo tipo de presión.

HACIA LA SUPREMA CORTE

Pero mas allá de estas disquisiciones, si el STJ convalida a Weretilneck como candidato y sus adversarios impugnan ese fallo  deberán llegar con su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fuera de la jurisdicción provincial.

En  Santa Cruz, dirigentes del radicalismo impugnaron    la ley de lemas que se venía aplicando por considerarla anti constitucional, previamente a las elecciones de 2015, en las que se impuso la actual mandataria Alicia Kirchner, hermana del ex presidente de la Nación .

En este caso la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  reconoció el reclamo cuyo fallo se conoció casi tres años y medio después sin  ningún efecto jurídico.

Es fácil deducir las tensiones políticas que se vivirán en Río Negro,  si la Suprema Corte de Justicia no resuelve el caso en Rio Negro antes del 7 de abril. ¿Cuál será el “modus operandi” de la Corte y sobre todo el manejo de sus tiempos?

¿La Corte no tiene plazos? Ante ese riesgo, Cambiemos y el Frente  para la Victoria (FpV) pedirán seguramente medidas cautelares  como postergación de las elecciones, si es que  el alto tribunal no llegara a ocuparse y resolver el conflicto planteado en un tiempo perentorio o por lo menos razonable.

También se menciona como precedente la actuación de la Corte en el caso  de Santiago del Estero donde después  de haber suspendido las elecciones en el 2013 no  habilitó al gobernador  Gerardo Zamora que aspiraba a un tercer mandato, siendo reemplazado en esa candidatura  por la de su esposa que es la actual mandataria de la provincia norteña.

Mientras tanto la campaña electoral de muy corto recorrido será disputada sin cuartel entre sus protagonistas, alianzas y partidos,  a pesar de la judicialización de la política rionegrina y el escaso rigor de ideas y propuestas o la ausencia de debates elevados que se observa en las  distintas ofertas electorales. (APP)