No es expropiación, es exceso/Por Nicolás Suárez Colman*
El anuncio de Alberto Fernández sobre la intervención y expropiación de Vicentin SAIC es alarmante y excede lo razonable. No se trata de “soberanía alimentaria”, pues como todo relato K es puro verso y sarasa.
La mejor forma de explicarlo es ésta: La firma entró en cesación de pagos en diciembre de 2019 (cuándo no puede hacer frente a sus gastos corrientes con los ingresos normales) y luego solicitó a la justicia el concurso preventivo. Concurso que fue aceptado en Marzo de éste año.
La finalidad de los concursos preventivos, es que la totalidad de los acreedores puedan presentarse ante el juez, certificar la deuda y la empresa proponer la forma de pago de éstas obligaciones. Dentro del grupo de acreedores está el Banco Nación con 350 millones de USD. Lo principal, es que el juez del concurso es el único que puede aprobar o desaprobar el despojo de acciones o activos de la empresa para hacer frente a ellas. La utilización de la intervención por DNU y la expropiación son un exceso en el ejercicio de las facultades del Estado.
Con la excusa de proteger el crédito del Banco Nación, se procedió a invadir la esfera de competencias de la justicia y perjudicar a los restantes acreedores. Es irrazonable y desproporcionado (Art. 28 CN) No hay “soberanía alimentaria” sino ausencia absoluta de Estado de Derecho.
Cuáles son los riesgos? simple, el exceso en el ejercicio del poder perjudica gravemente las inversiones. Los privados necesitan seguridad jurídica y previsibilidad. De ésta forma altera el mercado y genera graves consecuencias en el mercado de granos. El argumento de que “ya no es una empresa viable” coloca a la mayor parte de las empresas radicadas en el país en la misma situación, la crisis económica producto de la cuarentena eterna esta destruyendo la iniciativa privada.
¿Qué es importante ahora? No dejar de movilizarse ante semejante avance del Estado sobre la propiedad privada, porque las consecuencias que derivan de éste accionar nos va a costar miles de millones de dólares a todos los argentinos. Como pasó con YPF y Aerolíneas Argentinas.
*Abogado, especialista en Derecho Administrativo, dirigente del PRO
