La respuesta legislativa contra el trasvasamiento en 1984 es un hecho para recordar y un mandato para hoy/Por Omar Nelson Livigni

La decidida acción de los legisladores rionegrinos en la sesión de 18 de octubre de 1984, repudiando y declarando inconstitucional la Ley 1191 que pretendió ratificar el Tratado de Distribución de Caudales del rio Colorado entre los representantes de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Rio Negro, Neuquén y La Pampa, fue un cabal ejemplo histórico en defensa de los recursos hídricos rionegrinos amenazados por el pretendido intento de trasvasar muestro principal recurso a otra cuenca para favorecer el desarrollo de áreas extra provinciales.

Es una de los mejores argumentos para responder a la estrategia de siempre de los sectores ligados a la ciudad y al puerto de Bahía Blanca, que persiguen con singular tenacidad ese gran objetivo que ha sido estimulado y protegido por todos los gobiernos de Buenos Aires, desde ante y después de 1983 hasta hoy.

La singularidad de lo que ocurre actualmente es que en esta nueva etapa parecen haberse sumado a la tarea de promoción del trasvasamiento, que nunca reconoció pausas, además de CORFO, La Bolsa de Comercio, Corporación del Puerto, Cámara de productores de Bahía Blanca y el partido de Villarino, y sus sucesivos intendentes. Y con una especial dedicación, ahora, funcionarios integrantes de la filial del INTA en Hilario Ascasubi.

En círculos bien informados se pudo saber que el jefe comunal de Villarino, Carlos Bevilacqua, de estrecha vinculación con Sergio Massa -el titular de la Cámara de Diputados de la Nación-, trabajó como activo gestor en las sombras para producir el relevamiento de Haroldo Lebed de su cargo de representante bonaerense en la AIC, habiéndose nombrado en su lugar al señor Alberto Reyes quien hasta el momento no se habría hecho cargo de sus funciones.

Evidentemente no se trata de una casualidad, sino de una causalidad -no son hechos aislados sino conectados entre sí-, ya que la ofensiva contra Lebed ha surgido de los mismos sectores productivos y políticos que pretenden llevarse 200 metros cúbicos por segundo del río Negro, con un porcentaje por demás mínimo en cuanto a la propiedad de la cuenca que un 98 por ciento pertenece a nuestra provincia y la vecina Neuquén.

Debe tenerse en cuenta que Lebed ha sido un factor decisivo en la AIC para que se apruebe el financiamiento y la futura realización del acueducto o canal ganadero turístico en Patagones, de más de 200 kilómetros de extensión, que llevará agua potable a varias localidades del partido y abastecerá las aguadas en los campos ganaderos de la zona.

Lebed forma parte y es respetado por la dirigencia política, productiva y empresarial del Partido de Patagones, cuyos integrantes por sobre los rótulos partidarios son coincidentes en que cuando llegue la hora de aprovechar los cupos de agua que le puedan pertenecer a Buenos Aires, una parte sustancial se deberá volcar en el desarrollo del más extenso y realmente austral de los partidos bonaerenses,  con prioridad de cualquiera otro destino ajeno.

Además, y volviendo a los detalles de toda esta última ofensiva, existen sospechas de que estarían comprometidos altos funcionarios del INTA en el orden nacional ya que recientemente aparecieron en la página digital del INTA, “planos” de proyectos de obras hidráulicas -incluidas las del hipotético trasvasamiento- comprendidos en un Plan de Desarrollo del Sur Bonaerense, elaborado en colaboración del Consejo Regional Buenos Aires Sur del INTA. Inclusive a partir del señalado trasvase del río Negro al Colorado, que nunca fueron presentados oficialmente ante la AIC.

Consultado por APP y Radio Nativa de Viedma, el representante neuquino de la AIC, Elías Sapag, desautorizó la publicación digital de referencia “porque crea falsas expectativas, es un proyecto que no tiene seriedad y debió haber pasado por la AIC que es el único organismo que tiene potestad sobre el uso, control y administración de los ríos que conforman la cuenca”.

Por estimar una necesidad de estos tiempos que corren recordamos ahora a los legisladores autores de ley 1609, entre ellas la radical Ana Piccinini y, en su nombrem a todos los demás integrantes de los bloques parlamentarios, quien entre otros conceptos señaló en aquella recordada pero todavía no suficientemente conocida sesión  del 18 de otubre de 1984: “Haciendo uso de este poder derivado de la constitución y que el pueblo nos ha delegado, derogamos la ley 1191, desechamos el convenio  en todo aquello que hace al trasvasamiento del agua del río Negro al Colorado, desobligando a nuestra provincia por el presente acto legislativo de toldos los compromisos asumidos con tal motivo, porque los legisladores de la democracia estamos convencidos que el lesivo convenio concebido a puertas cerradas, de espaldas al pueblo, cediendo  a los pseudos representantes, a las pasiones de los otros estados que firmaron la aquiescencia de los mandatarios de las fuerzas con pretensiones de gobernantes, no es oponibles a las autoridades elegidas legítimamente”. 

En otra parte de su alocución señaló: “Resulta entonces una ineludible responsabilidad histórica resguardar para las futuras generaciones de rionegrinos la intangibilidad de los recursos naturales que deben ser prioritariamente aprovechados dentro de sus límites de la población”.

“El resguardo del recurso para los rionegrinos constituye además una manera idónea de convocarlos en el logro de objetivos comunes, caros a todos por igual y de integrar al pueblo de la provincia para conformar definitivamente un estado en el régimen federal del país”, concluyó. (APP)