Domínguez: «La resolución busca evitar perjuicios mayores para el municipio»
En una entrevista con Martín Domínguez, asesor legal del municipio, se expusieron los detalles del conflicto que comenzó en 2018 y las decisiones tomadas para evitar mayores repercusiones legales y económicas.
Martín Domínguez, asesor legal del municipio de Bariloche, se expresó en relación al conflicto legal que involucra a la empresa Navtour SA. El caso se remonta a 2018, cuando la Dirección de Inspección General de la municipalidad dio de baja la habilitación comercial para operar una estación de servicio en el kilómetro 13 de la Avenida Bustillo.
Domínguez, recordó en el programa radial Ideas Circulares (Radio C Bariloche), que una vez que la empresa solicitó la habilitación para la estación de servicio, y tras cumplir con todos los trámites establecidos, se le otorgó la autorización.
Sin embargo, días después, cuando la empresa fue a buscar el documento formal, descubrió que la habilitación había sido dada de baja sin previo aviso. Ante la falta de explicaciones y la pérdida de documentación clave, la empresa decidió presentar un reclamo judicial, que culminó con un fallo que consideró que el municipio había actuado de forma arbitraria al revocar la habilitación.
Este conflicto llevó a la administración actual a poner en marcha la Comisión de Transacción, un instituto legal que busca evitar juicios costosos y conflictos mayores. «El objetivo de la Comisión de Transacción es evitar juicios, y este fue el motivo por el cual se llegó a un acuerdo extrajudicial,» añadió Domínguez.
La empresa reclamó 2.600.000 dólares, pero tras varias audiencias y evaluaciones, se acordó un pago de 900.000 dólares, cifra que ha generado controversia en algunos sectores del Concejo Deliberante.
El proceso para llegar a este acuerdo, según Domínguez, implicó un análisis técnico detallado, con la participación de peritos judiciales, lo que llevó a determinar que esa cifra no era caprichosa. El acuerdo fue firmado por el Ejecutivo municipal, el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas, cumpliendo con todos los requisitos legales establecidos por la Carta Orgánica de la ciudad.
«El Concejo Deliberante aprobó el acuerdo en su momento,» señaló Domínguez, respondiendo a las críticas de algunos concejales que ahora cuestionan la transacción. Según el asesor legal, la situación fue debatida en su momento y con el asesoramiento legal de todos los involucrados, incluyendo la participación de un dictamen favorable del Concejo.
«Es absurdo que ahora se cuestione lo que ellos mismos aprobaron,» destacó Domínguez, quien también rechazó las acusaciones de negligencia, aclarando que la gestión anterior dejó pasar el plazo para apelar, lo que impidió que el municipio pudiera tomar acciones para impugnar la decisión judicial.
Además, se abordaron otros temas de relevancia como los juicios pendientes de la gestión anterior y la política actual del municipio, que busca reducir la carga judicial y evitar futuros conflictos legales. «El objetivo es quitarse juicios de encima y evitar embargos que puedan afectar la gestión de los recursos públicos,» concluyó Domínguez.
(Bariloche Opina)
