19 noviembre, 2026

Reforma electoral: ¿cambian las reglas para mejorar la democracia o para favorecer a quienes gobiernan?

Tras el dictamen de la reforma electoral en el Senado, Marcelo Bermolén, director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral, analiza los cambios propuestos y advierte sobre sus consecuencias para la participación ciudadana, la competencia política y la transparencia. La suspensión de las PASO, la eliminación del debate presidencial obligatorio y las modificaciones en la publicidad electoral abren interrogantes sobre a quién beneficia el nuevo esquema.

La reforma electoral impulsada por el Gobierno abre un debate que va más allá de los cambios en el sistema de votación: ¿busca mejorar la calidad de la democracia o facilitar la permanencia de quienes están en el poder? A partir del dictamen firmado en el Senado, Marcelo Bermolén, abogado, especialista en Acceso a la Información Pública y Transparencia Electoral, profesor de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales y director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral, analiza los principales puntos del proyecto y advierte que las garantías de participación ciudadana y las condiciones de competencia política no deberían quedar subordinadas a las necesidades de quienes gobiernan.

Consideraciones actualizadas mediante el cotejo del dictamen oficial sobre el expediente PE-102/26, publicado por el Senado en la Orden del Día 434/2026, del 18 de noviembre de 2026. Se analiza una propuesta legislativa, no una ley vigente


  • “La reforma parece organizada alrededor de las necesidades de quienes detentan el poder, mientras las garantías ciudadanas quedan sujetas a negociación.
    El recorrido del proyecto —con incorporaciones, retiros y cambios durante su tratamiento— permite discutir algo más profundo que su desprolijidad: qué criterio conduce la reforma y a quién procura beneficiar. Una mayoría puede modificar las reglas. Esa facultad no la exime de explicar por qué el cambio mejora las condiciones en las que la sociedad elegirá a sus próximos representantes”. [1]
  • “La suspensión de las PASO retiraría por segunda elección nacional consecutiva una potestad de participación reconocida a la ciudadanía, siempre bajo esta misma gestión. En 2027 ocurriría, además, por primera vez en una elección presidencial desde su implementación. No se suspende solamente un procedimiento entre partidos: se priva al ciudadano de una instancia abierta para intervenir en la formación de las candidaturas que después deberá elegir. Que esa oportunidad se haya utilizado de manera desigual permite discutir su diseño; no justifica retirarla sin una alternativa suficiente”. [2, 3]
  • “La experiencia de 2025 debería obligar a explicar más, no a repetir la suspensión. La Cámara Nacional Electoral documentó que, con la única excepción de una alianza, las agrupaciones recurrieron a mecanismos de designación sin voto directo de los afiliados, en un universo de 626 partidos intervinientes. La devolución de la selección a las estructuras partidarias no aseguró una participación equivalente. Tampoco la ausencia de PASO evitó la caída de la concurrencia a la elección general. Esto no demuestra que la suspensión haya causado el ausentismo, pero sí cuestiona que votar menos veces sea una respuesta suficiente para recuperar participación”. [4, 5]
  • “Quien accedió al poder con determinadas herramientas debe responder por las oportunidades que les dejará a sus competidores. Retirarlas puede dificultar la articulación opositora y favorecer a estructuras ya consolidadas. Existe, además, una conveniencia financiera señalada por analistas del mercado: suspender las primarias permitiría postergar la incertidumbre y las presiones cambiarias asociadas con una señal electoral anticipada. Mi lectura es que allí pueden confluir intereses del Gobierno y de sectores financieros. Pero las garantías ciudadanas no pueden depender de cuánto incomode un resultado al poder ni de cómo reaccionen los mercados. Los problemas económicos deben resolverse con política económica; no retirando oportunidades de expresión electoral”. [6]
  • “Retirar el debate obligatorio de la elección general reduce una garantía de información precisamente cuando la ciudadanía debe comparar toda la oferta presidencial. El mensaje original del proyecto no ofreció una fundamentación específica para esa eliminación. Un debate permite conocer algo más que los panfletos de campaña: observar cómo los candidatos defienden sus propuestas, responden a objeciones y reaccionan frente a sus rivales, en un terreno menos plácido que una exposición controlada. Mantener el deber de la autoridad electoral de organizar el debate del balotaje, pero sin reproducir una obligación expresa de asistencia de los candidatos y derogando las sanciones por inasistencia, parece una concesión negociadora antes que una explicación coherente. Si la comparación pública merece una oportunidad cuando quedan dos candidatos, corresponde justificar por qué dejaría de merecerla cuando todavía debe elegirse entre todos”. [2, 7, 12]
  • “La negociación exhibió una paradoja reveladora: se pretendía retirar herramientas permitidas que protegen oportunidades cívicas, mientras se intentaba reintroducir las colectoras, restringidas por la normativa nacional desde 2019. Su incorporación y posterior retiro muestran hasta qué punto el diseño electoral quedó atravesado por acuerdos entre el oficialismo y sus aliados. La pregunta es qué había cambiado en el interés ciudadano para justificar primero su regreso y después su exclusión. Las necesidades de una alianza política no bastan como fundamento de las reglas comunes”. [1, 3, 8]
  • “Ficha Limpia merece una discusión consistente, no convertirse en una moneda de negociación. En noviembre de 2024, ocho ausencias libertarias contribuyeron al fracaso de una sesión destinada a tratarla. En mayo de 2025, el rechazo en el Senado estuvo acompañado por acusaciones de un acuerdo entre el Gobierno y dirigentes misioneros, que el Ejecutivo negó. Esos antecedentes requieren distinguir responsabilidades documentadas de maniobras denunciadas. Pero habilitan a exigir coherencia a quienes ahora la presentan como bandera de transparencia: la integridad de las candidaturas no debería adquirir o perder prioridad según el acuerdo electoral que se procura cerrar”. [9, 10]
  • “Es positivo que la negociación haya retrocedido respecto del endurecimiento de las condiciones para constituir y mantener partidos. Esa pretensión era especialmente cuestionable después de la expansión y consolidación territorial de la propia fuerza gobernante bajo las reglas anteriores. La crónica oficial del Senado registra que las mayores exigencias habían quedado fuera de la nueva propuesta. Preservar una vía practicable para organizar nuevas fuerzas protege también a ciudadanos que todavía no encuentran representación. Haber conseguido ingresar no autoriza a volver más estrecha la puerta para quienes llegan después”. [3]
  • “Conservar la mitad de los espacios de publicidad electoral evita su eliminación total, pero sigue siendo un recorte frente al régimen vigente. La referencia para evaluar el cambio no puede ser únicamente la propuesta más restrictiva del Gobierno. Reducir la difusión asignada a las fuerzas políticas puede aumentar el peso de los recursos propios y de la capacidad de financiar exposición, en perjuicio de quienes tienen menos. Para los ciudadanos, importa cuánto pluralismo informativo se conserva. Sin documentación adicional, no atribuiría esta decisión a un lobby de medios: la objeción institucional se sostiene por sus consecuencias sobre la igualdad de oportunidades”. [1, 2, 11]
  • “Permitir publicidad electoral fuera del período de campaña puede inclinar aún más la balanza a favor de quien gobierna. A la visibilidad que le proporciona el ejercicio del poder, el oficialismo podría sumar una presencia partidaria pagada durante más tiempo. La publicidad electoral y la comunicación institucional son distintas, pero sus efectos sobre la exposición pública pueden acumularse y ensanchar la distancia con sus rivales. La reforma debe explicar qué resguardos impedirán que esa ventaja condicione las posibilidades del ciudadano de conocer otras opciones. Ampliar el tiempo para comprar exposición no asegura ampliar la pluralidad de voces que llegan a la ciudadanía”. [12]
  • “La imperfección de una herramienta no demuestra que la garantía que procura proteger sea prescindible. El costo de las PASO no vuelve irrelevante la participación; las dificultades de un debate no vuelven innecesaria la comparación pública; la fragmentación partidaria no autoriza a clausurar la aparición de alternativas. El balance crítico de esta reforma es que la ciudadanía aparece como la parte que debe resignar oportunidades para facilitar acuerdos ajenos. Quienes gobiernan son inquilinos del poder. No les corresponde acondicionar el sistema electoral para prolongar su estadía, sino preservar la libertad de la sociedad para decidir quién lo ocupará después”

Fuentes y documentación

[1]Senado — Texto pasado a la firma, 18/11/2026

[2]Chequeado — Cambios de la reforma electoral

[3]Senado — Debate de la reforma, 17/11/2026

[4]CNE — Acordada 155/2026, considerando 6

[5]CNE — Base de participación y ausentismo electoral

[6]Infobae — Lectura financiera sobre la suspensión de las PASO, 18/11/2026

[7]Senado — Mensaje 110/26 y proyecto original PE-102/26

[8]Texto oficial — Decreto 259/2019 sobre adhesiones de boletas

[9]La Nación — Ausencias libertarias en la sesión de Ficha Limpia, 28/11/2024

[10]TN — Acusaciones de acuerdo con Misiones y negativa del Gobierno, 09/05/2025

[11]Texto legal — Ley 26.215, régimen de publicidad electoral

[12] Senado — Dictamen PE-102/26, Orden del Día 434/2026, 18/11/2026