Para el Acceso a la justicia se acuerdan criterios con la Defensoría del Pueblo Municipal

El Centro de Atención de la Defensa Pública fue el escenario de una reunión que se llevó a cabo entre la Defensora Adjunta María Victoria Allen y las asesoras letradas de la Defensoría del Pueblo Municipal, Sofía Maggi y Carolina Rodríguez von der Becke; donde se les informó acerca de las diferentes formas de garantizar el acceso a la justicia desde el Ministerio público de la Defensa.
«Son muchas las situaciones que se presentan ante ambas instituciones y que son de incumbencia específica de la Defensa Pública. A veces son las mismas personas que recorren distintas instituciones solicitando asesoramiento. Para eso nos reunimos; para facilitar desde nuestro ámbito de incumbencia el acceso al asesoramiento legal, conocer la documental se requiere llevar, en qué lugar presentarse y en todo caso, facilitar la derivación correspondiente. Poder responder utilizando diferentes vías de comunicación de manera más rápida».
En ese ámbito la representante del Ministerio Público de la Defensa, luego de detallar la función y las competencias del CADeP, su existencia y el funcionamiento en cada circunscripción judicial, se trabajó en el objetivo de definir buenas practicas en miras a la mejora en la calidad de abordaje de las situaciones que se plantean en ambos organismos.
Se hizo lo propio al describir el circuito de atención del CADeP, desde el momento en que se ingresa la demanda de asesoramiento legal y gratuito; como así también cuales son los criterios para ser admitidos por la defensa pública al abordar los diferentes casos.
La Defensora Adjunta Allen manifestó que «se establecieron criterios para derivaciones responsables y se unificaron criterios referidos a la atención que se brinda a diario. Haciendo sobre todo hincapié en aquellas situaciones en las que no podemos intervenir, principalmente en las que versen respecto de cuestiones de índole económico, como daños y perjuicios, por ejemplo».
Por último se informó acerca de las derivaciones que desde el Cadep se realizan al Colegio de Abogados en determinadas causas, que no son atendidas en la Defensa Pública, para que garantizar que nadie se quede sin asesoramiento legal.