La grieta entre el Poder Judicial y el Ministro de Justicia

En Comodoro Py leyeron la llegada del reconocido abogado penalista al Ministerio de Justicia como una buena señal, en contraposición al enfrentamiento que reinó durante el gobierno de Alberto Fernández. Cúneo Libarona, no sólo conoce en detalle esos despachos, sino que tuvo una primera recepción amigable en el fuero que más mira la política y también en la Corte Suprema. Por Lucía Salinas

Pero la convivencia institucional se vio interrumpida por una serie de medidas que impulsó el nuevo ministro de Justicia y que le abrió varios frentes.

#1. La fallida fiscalía anticorrupción

El Procurador General de la Nación interino (el jefe de todos los fiscales), Eduardo Casal, le dijo al ministro que era “inviable” su proyecto de crear una fiscalía anticorrupción.

• La propuesta de Cúneo Libarona. Su ministerio presentó un documento que proponía crear una Procuraduría Anticorrupción. ¿Qué decía?

Que su creación “permitiría a dicho organismo contar con mayor y mejor capacidad de intervención, en tanto se trata de delitos no solo de carácter administrativo, sino también de delitos transnacionales vinculados a grandes redes de criminalidad, que requieren mecanismos seguros y canales efectivos de cooperación internacional”.

• «Inviable». El Procurador Casal dijo que no era posible implementar esa medida porque la Ley indica que los jefes de la investigación son los fiscales federales, con lo cual habría que modificar la normativa. Ya existen Procuradurías especializadas, como la PROCELAC para el lavado de dinero o la PIA para delitos contra la administración pública, que colaboran en las investigaciones de corrupción.
• ¿Hay quórum? Muchos fiscales federales opinan lo mismo que Casal y les molestó el discurso de Cúneo Libarona que sostiene que la corrupción no se investiga. Pero esta postura no es unánime: hay quienes creen que la PIA, a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez, podría investigar aún más los delitos cometidos en el ámbito de la administración pública. ¿Hay suficientes recursos? Esa es la principal objeción de la PIA.
• Posible candidato. El nombre que sonaba para el cargo era el de Diego Luciani. La candidatura del fiscal del juicio Vialidad quedó en lápiz negro en un borrador.
• Enojo repartido. Mientras algunos avalan la decisión de Casal, hay otros que creen que se tendría que haber hecho una consulta a los fiscales federales que se ocupan de las causas de corrupción. Un malestar con varios frentes

#2. Pliegos retirados y nombres tachados

El ministro Cúneo Libarona retiró más de 60 pliegos de jueces y fiscales que habían pasado todas las instancias para cubrir cargos de juzgados de diversos fueros, fiscalías y defensorías. Ahora, se armó otro listado con hombres y mujeres que el gobierno de Javier Milei quiere que sean aprobados. Otro motivo de enojo.

• Antecedentes. No debemos olvidar que hoy el Poder Judicial tiene un 30% de cargos sin cubrir y el Ministerio Público Fiscal cuenta con el mismo porcentaje: Una Justicia vacante.
• Bajo revisión. En el escritorio del ministro de Justicia estaban los nombres de todos los aspirantes a cubrir cargos. Con dos ex integrantes de la Justicia, amigos íntimos, revisó cada nombre y concurso rendido. “Encontramos mucha política metida en el medio, otros bien merituados, hay de todo”, deslizaron en el Ministerio.
• ¿Cómo sigue? Muchos se preguntan si su pliego llegará al Senado o no. Pero la otra pregunta es ¿La Libertad Avanza conseguirá el consenso político para aprobar ese listado de 60 jueces, fiscales y defensores?

#3. Querellante en causas de corrupción

El Gobierno tuvo varias marchas y contramarchas. Primero dijo que sí, que la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) iban a volver a ser querellantes en casos de corrupción. Luego, se enfrió una decisión que sumó tensiones, tanto con el Poder Judicial como con la oposición dialoguista.

• Antecedentes. Estos organismos fueron determinantes en causas como Vialidad, la Ruta del Dinero K (donde Lázaro Báez terminó condenado a 10 años por lavar dinero), en el caso Plan Qunita y las causas de la firma brasileña Odebrecht.
• Desde el Gobierno. Cúneo Librarona dijo que el macrismo los usó como mecanismo de “persecusión judicial de dirigentes del kirchnerismo” y que él no estaba dispuesto a hacer lo mismo.
• Polémica. Dirigentes de la oposición de Juntos por el Cambio, UCR, Ari-CC, dijeron públicamente que este gobierno no quiere meterse con la corrupción. En los pasillos de Comodoro Py, sostienen que, tanto la OA como la UIF, en muchos casos contribuyeron en la clarificación de información clave.
• ¿Querellan o no? Finalmente, el ministro reculó y decidió que la OA querelle en casos de corrupción. Planteó dos requisitos: no será en todos los expedientes, sólo los de mayor envergadura y deben ser abogados penalistas de la OA los que asuman la querella. En primer término, volverán a las 32 causas de las que se retiró el gobierno de Alberto Fernández.
• Casos de corrupción K. La decisión del Ministerio de Justicia implica involucrarse en 28 expedientes en los que investiga a exfuncionarios kirchneristas y a Cristina Kirchner. ¿Acusarán, pedirán condenas en los juicios, respaldarán a los fiscales? Todo bajo estudio

La Letra Chica

Cúneo Libarona dice que con su decisión sobre la OA y la UIF no hay un plan de impunidad, como aseguran algunos referentes de la oposición. Algunos sectores de la Justicia, sostienen que le quitan herramientas para avanzar en muchas investigaciones pero después, públicamente, el ministro los acusa de no investigar.

¿Qué esperar de este enfrentamiento? Que el diálogo institucional, que se veía como un camino viable, se trabe por un tiempo. Esto va a derivar en otra discusión: el presidente Milei tiene que designar un Procurador titular. Cúneo Libarona tiene su candidato, Marcelo Lucini integrante de la Cámara del Crimen. En el Ministerio Público Fiscal la sugerencia no cayó bien y el enfrentamiento suma capítulos.

Pero además, la Corte espera una reunión con el ministro de Justicia y el jefe de Gabinete para discutir el presupuesto que garantice el funcionamiento del Poder Judicial. Piden 652.000 millones de pesos, pero ahora buscan una actualización en pleno enfrentamiento.

Una pulseada fuerte a pocos meses de haber asumido en el Ministerio de Justicia, la duda es ¿quién ganará? (clarín)