El Frente de Todos rechazó “la entrega” del Cerro Catedral

Dirigentes del Frente de Todos Bariloche manifestaron “ su más enérgico rechazo a la firma del acuerdo entre la empresa CAPSA y el intendente Gustavo Gennuso”, que otorga a la empresa la prórroga de la explotación del Cerro Catedral hasta el año 2056.

Señalaron, mediante un comunicado, que el intendente “aprovechó un tecnicismo judicial y acordó en medio de la pandemia, la entrega de un bien preciado por los barilochenses, de manera directa, sin licitación, y propiciando un millonario desarrollo inmobiliario, en tierras públicas y sin ningún tipo de estudio ambiental”.

Los referentes del FdT recordaron además la lucha y movilización de los vecinos que reunieron más de 6000 firmas “oponiéndose a este negociado”.

“El Frente de Todos”, señala el documento, “entiende a la política como una herramienta fundamental para la transformación social”.

“Las políticas públicas”, afirmaron, “son el resultado de un proceso en el cual la ciudadanía debe ser la protagonista excluyente».

«Los dirigentes son meros transmisores de la voluntad popular”, concluye el texto, “y no privilegiados que puedan definir el futuro de una sociedad a sus espaldas”.

Textual el documento

En los últimos días, aprovechando un tecnicismo judicial y la situación sanitaria actual que nos mantiene en vilo como sociedad, el Intendente de San Carlos de Bariloche, Gustavo Gennuso, decidió firmar con la empresa CAPSA, la prórroga de la explotación del Cerro Catedral hasta el año 2056. A pesar de la lucha y movilización de los vecinos, de las más de 6000 firmas juntadas para evitar este bochornoso convenio, el Intendente ha decidido entregar este bien tan preciado de manera directa, sin licitación, otorgando no solo la explotación del centro de deportes invernales, sino la posibilidad de desarrollar un emprendimiento inmobiliario millonario en tierras públicas sin ningún tipo de estudio ambiental que garantice su sustentabilidad.

El Cerro Catedral es un recurso natural estratégico para el conjunto de la industria turística de la provincia, un emblema deportivo de reconocimiento internacional, así como una parte inescindible la identidad no solo de barilochense, sino también de todos los rionegrinos. Este es sin lugar a dudas uno de los principales activos con los que cuenta la ciudad andina para promover su desarrollo. Debido a que la diversificación de la matriz productiva local es todavía materia pendiente, el Cerro Catedral aún mantiene su importancia como pilar central y estratégico de la economía barilochense.

Los beneficios que recibe la ciudad no se limitan al canon anual que paga de forma directa la empresa concesionaria, que por cierto equivale a la cantidad de pases diarios que se venden en un solo día de alta temporada, sino también que se beneficia por el aumento de la recaudación de las tasas municipales producto de la actividad turística que se genera alrededor del centro invernal y, más en general, la población se beneficia de manera indirecta por la generación de ingresos y empleo, generando un círculo virtuoso de la economía de gran relevancia para la salud financiera de Río Negro.

Históricamente los barilochenses han sido ajenos al proceso de toma de decisiones sobre el desarrollo, diseño y gestión del Centro de deportes invernales Dr. Antonio Lynch. Desde sus comienzos como tal en la década del treinta, a pesar de su relevancia en la economía local, Bariloche ha sido una mera espectadora de las decisiones tomadas por Parques Nacionales, la Provincia de Río Negro y por las sucesivas empresas concesionarias a lo largo de la historia.

Sin embargo, en el año 2010, se concretó un largo proceso de negociación que culminó con el traspaso de las 1920 hectáreas que componen el Cerro Catedral de la órbita provincial a la municipal. A partir de dicha transferencia, la sociedad barilochense está facultada para decidir sobre el futuro de su cerro por lo que, al terminar la concesión vigente en 2026, el modelo de explotación y las cláusulas contractuales de un eventual pliego de licitación podrían ser definidas por la comunidad local por primera vez en su historia, dando así respuesta a un reclamo de generaciones.

Tal es la importancia otorgada a este bien por parte la comunidad local, que dicho reclamo se ve plasmado en la redacción de la Carta Orgánica de San Carlos de Bariloche en 2007. En su artículo 214 se establece que “El Cerro Catedral debe ser objeto de tratamiento especial como singular recurso turístico de relevancia internacional e importante fuente laboral de la economía local”, al mismo tiempo que determina tajantemente que “El pueblo de San Carlos de Bariloche, a través de sus autoridades, reivindica el derecho excluyente sobre el Cerro Catedral y las tierras circundantes como porción inalienable de su patrimonio…”.

No cabe duda que la competencia adquirida en 2010 es legítima, como tampoco que la finalidad que tiene es ineludible por el solo hecho de estar la carta magna municipal: velar por el bienestar general de la población.

El Cerro Catedral no puede ser un espacio de elite que cumpla una función meramente económica de inyección de recursos. El pueblo tiene derecho a disfrutarlo plenamente, y es el Municipio, en este caso, el encargado de velar por este derecho.

En definitiva, el Cerro Catedral, como todo el paisaje privilegiado que circunda a la ciudad, es un bien común que debe ser utilizado de forma sustentable e inclusiva. Esto implica que no sólo genere los suficientes recursos económicos directos (en materia tributaria y de empleo) e indirectos (a partir de sus múltiples encadenamientos), sino también que sea inclusivo y ambientalmente sustentable.

Es por eso que las decisiones que se tomen con respecto al futuro del cerro, deben ser producto de análisis y discusiones serias, llevados adelante con el tiempo, la participación democrática y la solidez que una resolución que afecta el futuro de generaciones merece.

Desde el Frente de Todos entendemos a la política como la herramienta predilecta que tiene una sociedad para su transformación. Las políticas públicas deben el resultado de un proceso en donde la ciudadanía sea la protagonista. No hay que olvidarse que los dirigentes son meros transmisores de la voluntad popular, no privilegiados que pueden definir el futuro de la ciudadanía a espaldas de ella.

Determinar el devenir del Cerro Catedral por los próximos 30 años, debe ser por mandato constitucional y por deber político, el producto de un debate abierto y participativo.

Lamentablemente no es lo que ha ocurrido con la firma del convenio que pretende dar la explotación exclusiva del mismo a la empresa Catedral Alta Patagonia.

El oficialismo local apuró la prórroga de un contrato que vencía recién en 8 años, evitando una licitación pública y sin la seriedad y el debate que demanda la materia. Otorgó tierras públicas para un desarrollo inmobiliario cuyos beneficios económicos para la empresa superarán ampliamente a los montos comprometidos como inversión en medios, sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental que garantice la sustentabilidad del mismo y contradiciendo el mandato constitucional que establece la inalienabilidad de las tierras.

Ha justificado semejante acto aduciendo que el cerro requiere de una modernización urgente en los medios de elevación y que solo así se conseguirá. No obstante, el Intendente decidió omitir un dato trascendental. El pliego sobre el cual se basa el contrato actual, en su artículo 2.13.3, establece que al momento de terminar la explotación en el año 2026, la mitad de los medios de elevación en función de su capacidad de transporte horaria, deben tener no más de 10 años de antigüedad desde su año de fabricación.

En otras palabras, la concesionaria debería garantizar que para 2026, la mitad de los pasajeros que suban al centro invernal lo hagan en medios fabricados desde el 2016 hasta esa fecha. Cabe recordar que los medios más nuevos son de 1997, por lo que la inversión requerida para cumplir con dicha cláusula es muy superior a la inversión comprometida por el nuevo convenio firmado.

Otro rasgo vergonzoso es el hecho de no haber modificado prácticamente el canon abonado. El monto anual que CAPSA abona por este concepto, es decir, por la explotación del cerro al municipio, equivale a la cantidad de pases vendidos por la empresa en un solo día de temporada. Es tan irrisorio el monto, que incluso se requiere de la mitad del mismo para garantizar el funcionamiento del EAMCEC, ente destinado a controlar el cumplimiento del contrato de explotación.

A pesar de todo lo descrito anteriormente que evidencia lo poco conveniente del contrato firmado en virtud de la magnitud de lo que se otorga en concesión, lo más grave de este proceso de entrega, es el desprecio mostrado por el Intendente y su partido hacia la opinión de los vecinos.

La prórroga se hizo de manera autoritaria, boicoteando la participación ciudadana, la cual se manifestó pacíficamente en contra de la prórroga tanto en la audiencia pública como en la calle. Siguiendo todos los mecanismos legales establecidos por la Carta Orgánica en sus artículos 161 y 162, los vecinos se organizaron, juntaron más de 6000 firmas y presentaron un proyecto de Ordenanza ante el Concejo Deliberante que buscaba evitar la entrega del cerro sin licitación y sin debate. Aun así, fue rechazada por los concejales del oficialismo quienes forzaron una interpretación absurda de la ley para desoír la voz de aquellos que dicen representar.

En los últimos días, aprovechándose de un tecnicismo judicial que hizo caer la cautelar que mantenía en suspenso la firma del contrato y en medio de la situación extraordinaria que vivimos fruto de la pandemia, el Intendente Gustavo Gennuso decidió firmar la prórroga de la explotación del Cerro Catedral hasta el año 2056.

Como miembros del Frente de Todos, manifestamos nuestro profundo rechazo a la decisión tomada por el Intendente, comprometiéndonos a seguir con la lucha y a realizar todas las medidas que estén a nuestro alcance para detener esta vergonzosa entrega, y así acompañar la voluntad de la mayoría del pueblo barilochense. El cerro Catedral No se regala.

El comunicado lleva la firma de Nuevo Encuentro, Kolina, Partido Justicialista, RIO, Frente Patria Grande, Partido Comunista, Movimiento Evita, La Cámpora, Causa Nacional y Popular, JP Bariloche, bloque de concejales y contralor del FdT Julieta Wallace, Roxana Ferreyra, Marcelo Casas y Estanislao Cazaux, legisladores del FdT Ramón Chiocconi y María Eugenia Martini.