Centro de Congresos y Convenciones en Bariloche: La historia de un elefante blanco que perdió la trompa

Por Ana Casale

La historia inaugurada hace más de 50 años y que atraviesa el proyecto del Centro de Congresos y Convenciones en Bariloche habla por sí sola. La imagen del “Elefante Blanco” que nunca se terminó de construir, se volvió la sombra de cada gestión de gobierno que lo incluyó entre sus propuestas, mientras los intereses empresariales buscaban una mejor instalación cercana a sus intereses. Hoy sigue dando que hablar, pero ya no interesa.

Cada cuatro años, mientras se atraviesa por la alternativa de una próxima elección, Bariloche saca a pasear sus proyectos postergados. Mientras unos siguen ficcionando con promesas de metas a alcanzar que nunca se alcanzan, otros establecieron históricas discusiones tratando de imponer emplazamientos cercanos y asesores lejanos, esperando que la inversión pública les signifique importantes réditos personales.

Uno de los grandes ejemplos de esta realidad, es el Centro de Congresos y Convenciones (CCyC), un proyecto que conoció las estacionalidades de una dirigencia política que nutrió física y espiritualmente sus campañas con promesas irrealizadas, mientras la puja de los intereses del sector empresarial-comercial se fue corporizando y des-corporizando bajo sus propia internas.

Simbólicamente, el esqueleto hormigonado del Centro de Congresos y Convenciones de Bariloche como tantos otros objetivos postergados, mira desde la década del ´70 el transitar de la ciudad, preguntándose qué tan importante era ese sueño de forjar la llave maestra que le hubiese dado equilibrio estacional a la industria del turismo local en otros tiempos y que nadie supo gestionar.

Pensemos que ese turismo de reuniones y negocios, despertaba a la modernidad de otra época, contribuyendo a la creación de empleos, generalmente calificados y de alto valor agregado, movilizando una gran cantidad de dinero como consecuencia del eslabonamiento productivo con otras actividades relacionadas al servicio turístico, el aumento de la estadía de los visitantes en el destino y el derrame a todos los componentes de la economía local.

Quizás la pregunta central hoy sería ¿cuál fue la razón que mantuvo postergada una decisión que parecía tan importante?

La primera razón que podría responder a semejante pregunta, refiere al costo de la construcción, pero entre el primer aporte económico del estado nacional y provincial que se pagó para llevar a cabo el proyecto de la década del ´70 y la actualidad, cursaron todo tipo de erogaciones u ofrecimientos de fondos disponibles. Estudios de factibilidad, fondos para la construcción, el sostenimiento del EMPROCENTRO, premios para las llamadas a concurso, pasajes y estadía para consultores invitados, contrataciones, todo salió del bolsillo de los contribuyentes, bajo ficción repetida de una construcción que permanece invisible a los ojos. A veces, incluso, sin transparentar el manejo de esos fondos públicos por falta de presentación de balances.

Para dejarlo más claro, los gobiernos muchas veces aseguraron el dinero para la concreción, pero la concreción no está. El estado pudo también muchas veces haber tomado decisiones, pero tras la consulta al sector privado, la decisión se disfumó en alternativas sin consenso. Aún así, hubo bastante dinero corriendo por las venas de este proyecto que nunca dio frutos saboreables. Hasta la actualidad,  la palabra “construcción” quedó siempre relegada a la frase “estudio de factibilidad” y es ahí donde mayormente fueron a parar los fondos.

La segunda razón, se enmarca en el posicionamiento del sector más estable que tiene Bariloche a la hora de tomar decisiones: el sector empresarial. Con participación activa en entes mixtos como EMPPROTUR (con la extraviada “P” de planificación y un sector laboral sentado en la mesa directiva que hoy desapareció), de EMPROTUR (con una sostenida “P” de promoción y con una presidencia delegada nuevamente al gobierno municipal) o el EMPROCENTRO (como alternativas de consenso con el sector público), nunca lograron materializar el proyecto turístico-comunitario más renombrado de la historia de Bariloche: el Centro de Congresos y Convenciones.

Mirando la historia, sería imposible no tratar de responderse algunas preguntas ¿fue incapacidad del estado o la compulsa de los intereses privados que frenaron el destino del turismo de reuniones en la ciudad? ¿Habrá sido la excusa de los gobiernos para transferir recursos públicos a otras arcas o la falta de una fuerza de cohesión en la decisión del sector empresarial sobre el lugar de emplazamiento y sobre quien tendría el privilegio del manejo posterior del espacio?

Pero la pregunta de hoy es otra ¿Podemos seguir planteando la necesidad de un recurso que está quedando cada vez más obsoleto tras los avances de la tecnología? ¿Debemos seguir apuntando a la estrategia de cubrir bajas temporadas con congresos y convenciones como recurso de estado o sería más eficaz trabajar desde el estado fortaleciendo los emprendimientos privados ya existentes? ¿Cabe el proyecto actual del municipio de emprender sin estudios de factibilidad, costos claros para la vista pública, potencialidades, la reconstrucción de algo que fue pensado bajo el concepto de medio siglo atrás?  Temas recurrentes que hasta ayer resultaban atractivos a la discusión popular, y hoy a casi nadie interesa. .

Hagamos un recorrido por la historia.

EL ELEFANTE BLANCO

Mientras muchos sitúan el primer proyecto de un Centro de Congresos y Convenciones a finales de la década de los ´70 –más conocido como el “Elefante Blanco”-  cronológicamente aparece una propuesta anterior, nacida en el año 1972, con fondos privados y un crédito de 600.000 dólares que se realizó a través de adelantos en cuenta corriente, adjudicada por el Banco Provincia de Río Negro a Miguel Porko, dueño del histórico Hotel Ledelil y varios lotes ubicados en la esquina de Av. Pioneros y Boock, en el barrio Melipal.

Basado en una experiencia laboral acuñada en Venezuela, Porko visualizaba el proyecto en función de generar un público cautivo de negocios, copiando el modelo de la empresa aeronáutica TWA en EE.UU.

El espacio que comenzó a ser construido en el año 1978, fue planificado para atender un total de 700 personas, y contaba con un predio de 1800 metros cuadrados, conteniendo  una sala central con un anfiteatro escalonado, escenario para obras teatrales o disertaciones, butacas y elementos anti-flama aportados por el empresario norteamericano Ted Turner, sonido de última generación y una sala de traducción aportada por Soledyne Argentina, un sector de imprenta, ascensores vidriados multivoltaje con vista al lago y un estacionamiento amplio en dos niveles con varias salidas hacia el centro y hacia los kilómetros.

Pero llamativamente, a partir del inicio de la construcción, se sucedieron dos hechos que cambiaron el curso de la historia de ese primer proyecto. El expediente con los planos presentados por Porko desaparecieron del municipio y la arquitecta Graciela Mochkofsky, esposa del entonces arquitecto y Secretario Municipal de Obras y Servicios Públicos, Raúl Hernández, presentaba un nuevo proyecto: el hoy conocido Elefante Blanco. Quien habla con el empresario hotelero, comprende fácilmente la trama de intereses y coimas que desnutrieron el proceso de realización y nutrieron la imposibilidad.

Así, en 1978, bajo la sombra de la dictadura militar, mientras Porko perdía la posibilidad de concretar su sueño y enfrentaba sus deudas, el Estado nacional y provincial invertían unos 4 millones de dólares, en la construcción de un Centro de Congresos y Convenciones, una imponente estructura de hormigón de planta poligonal, cuya obra quedó paralizada en 1979. Ese mismo año, el gobierno municipal de facto de Osmar Barberis, transfirió el predio localizado sobre la calle Pasaje Gutiérrez, al gobierno de la provincia de Río Negro.

Un año más tarde, en 1980, la necesidad de que el edificio estuviera finalizado para recibir el “XXVI Congreso de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina” que anunciaba la visita de 4500 delegados provenientes de toda América Latina, Europa, África y Oriente Medio, obligó al gobierno provincial a decretar una quita económica para financiar el final de la obra, entendiendo que se necesitaría el apoyo activo de fondos aportados por ciudadanos contribuyentes para su concreción. Allí fue cuando se comenzó a esgrimir la posible creación de un ente autárquico para la canalización de los aportes que sucedió una década más tarde y con otros objetivos. 

Cuatro años más tarde, en 1983, Barberis, terminó por reclamar al subsecretario de Turismo de la Nación, la definición de una fecha para el envío de las partidas destinadas en el ejercicio 1982, para la continuidad de la obra, dado que se había finalizado el pliego referente del llamado a licitación Tramo obra Centro de Congresos y Convenciones Bariloche. Los fondos fueron recibidos, pero la obra tampoco se concluyó.

El proyecto, abandonado en la década “ochentosa”, se retomó más adelante, en los 90, cambiando de locación. Los años habían pasado y el “viejo elefante blanco” mostraba dificultades para caminar. El estilo de construcción resultaba obsoleto y frente a las construcciones en seco del fin de siglo XX, tan sólo techarlo significaba un costo mayor que construir un centro nuevo, con capacidades para ser “modularizable”. Así fue como en 1995, el gobierno de Río Negro reconoció expresamente la renuncia al propósito original de la cesión gratuita propuesta por el Municipio local sobre el terreno de la calle Pasaje Gutiérrez y ese mismo año, a través de la dirección de Tierras dispuso cambiar el destino inicial del predio, asignándoselo a la dirección de Pesca y Fauna provincial. Nadie reclamó su reintegro al municipio dado que no se había formalizado la intención original y específica de la construcción del CCC.

EL TRAJINAR DE LOS INTERESES PRIVADOS

En 1997, una sociedad anónima en formación, propuso entonces, construir el Palacio de Convenciones de 15.000 metros cuadrados cubiertos en inmediaciones del aeropuerto, espacio que contemplaba servicios gastronómicos y hoteleros para los congresales que arribaran a la ciudad. Pero el sector privado jamás pensó en entregarle a otro privado la “gallina de los huevos de oro” y mucho menos la monopolización de los servicios, por más que Aeropuertos Argentina 2000 aportara el capital necesario para la construcción y el terreno de la Estancia San Ramón fuera cedido a tal fin con intereses privados de un grupo empresarial local de por medio. El proyecto fue desestimado y la explicación dada fue la falta de derrame en la ciudad.

Un año después, en 1998, la provincia destinó 150 mil pesos para la contratación de la consultora Deloitte & Touche con el fin de realizar un estudio de factibilidad, respondiendo a un “compromiso político empresarial” que se cierra en 1999,  cuando por Ley Provincial 3334, se crea el EMPROCENTRO. Conformado por integrantes del sector público y privado, con participación de los ejecutivos provinciales y municipales, cámaras empresariales y CGT, el ente mixto, no era otra cosa que una herramienta para entregarle al sector privado, el manejo y gerenciamiento del proyecto. Una idea que había quedado pendiente en el año 79, tras la quita decretada por el gobierno provincial de facto.

Paralelamente, ese mismo día, el gobernador Verani, cedió en comodato a la Fundación Laura Latorre, el terreno donde se emplaza la obra inconclusa del original CCC, con el objetivo de construir allí un Jardín Botánico que la gente hoy a simple vista podrá medir como otro proyecto irrealizado. Bariloche perdía en el mismo día, no sólo las esperanzas de reflotar lo ya construido, sino también la decisión sobre el terreno en el cual se proyectaba un fin distinto al previsto para su “cesión gratuita”.  

Del “elefante blanco” viejo y problemático que ya nadie miraba, se pasó a casi siete alternativas.  Al lado del Bariloche Center, en terrenos de la Escuela Militar de Montaña, detrás de ésta, sobre el lago en dos locaciones distintas (al lado de Parques y frente al Centro Cívico), sobre la zona mesetaria en la Estancia San Ramón, vecino a Virgen de las Nieves, etc. Pero la provincia había logrado sacar la mirada sobre la opción original, para mirar otro lugar señalado por un sector del empresariado local: el Puerto San Carlos.

Para la mirada externa, varias dificultades chocaban con una u otra elección. Sintetizándolas en conceptos, las opiniones variaban según la locación que se eligiera, observando estacionamiento, circulación, proximidad con los servicios turísticos, expropiaciones, cuestiones visuales y los posicionamientos de Patrimonio Histórico respecto de nuestro mayor acervo cultural, el Centro Cívico.

Hacia adentro, en cambio, se dirimían otros aspectos ¿quién iba a ser el administrador de las ganancias del centro y quién se haría cargo de los gastos representados en la obra y en los dos años de inversión necesarios para empezar a visualizar reintegros? Cámara de Turismo y Cámara de Comercio empezaron una puja que lejos de manejarse con una mirada empresarial, se volvió impedimento para la decisión. Todos querían administrar ganancias, pero nadie hacerse cargo del tiempo del trabajo a pérdida que demandaba cualquier centro de este estilo en el mundo; eso se lo dejaban a los gobiernos. Quedó en claro que nadie estaba preparado para administrar de manera equitativa el recurso del CCC.

Lo cierto es que de la administración de ese EMPROCENTRO formado a partir de todos los sectores públicos y privados, jamás se obtuvo un dato administrativo. El presupuesto asignado para su funcionamiento y las memorias y balances contables de los gastos realizados en el período 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 hasta hoy son un misterio. Jamás hubo balances ni explicaciones sobre el manejo de sus fondos. Será por eso, que en una nota del diario Río Negro, fechada el 10 de setiembre de 2001, bajo el título “Piden prórroga para diseñar centro de congresos”, se expresa que “el tema del CCC está desde hace meses en el centro de una aguda polémica por la escasa transparencia sobre las gestiones del EMPROCENTRO y la compleja trama de intereses que lo enmarcan…” Bien conocida fue la posición crítica de Ricardo Rimoldi al respecto, quizás un antecedente importante para su lanzamiento privado, la fundación de BEC (Bariloche Eventos y Convenciones).

Sin embargo, manteniendo la tradición de hacer estudios de factibilidad para después desconocer sus resultados, llegó en el año 2000, un anuncio de la intendencia de Bariloche a cargo de Atilio Feudal. Sin esperar la decisión del ente mixto, el ejecutivo municipal había dispuesto que la obra se realizara sobre la costa del lago, frente al Centro Cívico; y para gestionar un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), decidido a no financiar este tipo de construcciones, el proyecto mutaba a Centro Cultural y de Eventos. A muchos les pareció obvio que los gobiernos provincial y municipal alineados respondían al interés de los empresarios portuarios que necesitaban resarcirse de la mala experiencia en la construcción de Puerto San Carlos.

“Los promotores de que el proyecto se haga realidad junto al puerto San Carlos quieren apurar los plazos para la concreción del emprendimiento y parecieran rechazar toda opinión en contra…” decía el diario Río Negro. Y así fue. Apurando trámites, el municipio otorgó la prefactibilidad mediante un dictamen considerado por muchos como irregular.

Para ser más precisos, el informe de impacto ambiental, realizado por una consultora de Buenos Aires, aludía a normativas de la Administración de Parques Nacionales, que se contradecían o diferenciaban con las reglamentaciones de la órbita municipal, específicamente programadas para la aplicación de los códigos urbanos, de planeamiento y edificación.  El otro tema a contemplar es que normalmente el informe de impacto ambiental se realiza para medir la incidencia de un proyecto determinado presentado a partir de un plano de la obra; pero en este caso, el estudio se realizó antes de convocar al concurso de bocetos, por lo que difícilmente podía medirse –por ejemplo- el impacto visual y paisajístico, el grado de afectaciones e incidencias, o la estimación de cómo resolverlos. En resumen, las medidas de mitigación para los impactos negativos no pudieron cuantificarse por falta de información y quedaban librados a un programa de gerenciamiento y control ambiental posterior a la etapa de puesta en funcionamiento.

Pero había otras cuestiones que también resultaban llamativas. El terreno sobre el lago había sido afectado a un shopping complementario al puerto que nunca se construyó por incumplimiento de la empresa concesionaria, algo que en la mirada de algunos vecinos instalaba dudas. La idea de un Centro de Congresos y Convenciones, mutado a Centro Cultural y de Eventos, que terminó recibiendo el irónico nombre de Empropuerto’s Shopping, empezó a generar suspicacias. El financiamiento de la obra requería unos 12 millones de pesos que se derivarían de un crédito del Banco Mundial, otorgado por el BID, del fondo fiduciario o del aporte privado. 

La oposición vería la decisión inconsulta y apresurada sobre una instalación que “registró como propia una de las pocas playas urbanas que le quedan a la ciudad –zona de ribera del lago Nahuel Huapi- en lo que sería una modificación ilegal de límites del ejido. Una decisión caprichosa, ligada a intereses mezquinos de empresarios y políticos… una localización que afectaría el tránsito en una zona de alta congestión, arriesgando la seguridad pública frente a una evacuación en caso de catástrofe, además de alterar el paisaje costero, eliminar una playa de uso irrestricto, carecer de espacio para ampliaciones, ocupar el frente más castigado por el fuerte viento y oleaje con seguros problemas de mantenimiento, requerir cimientos especiales por ser el suelo relleno de lago y destruir la preservación como patrimonio histórico del conjunto formado por la costanera y el Centro Cívico” (Nota publicada en La Nación, el 04 de diciembre de 2003 por la arq. e investigadora del CONICET, Liliana Lolich).

Ernesto Ríos, un vecino sumamente participativo en temas de la ciudad, aseveraría en sus notas a la prensa que era importante “rescatar e incentivar la memoria colectiva para ‘impedir’ que sectores y grupos lobbystas autodenominados generadores de ‘aportes técnicos’ propicien la progresiva mercantilización y degradación del diverso y codiciado patrimonio del Estado”. Nadie se oponía a un CCC, sino a una locación puesta en dudas, y que misteriosamente ahora exigía aprobaciones urgentes y sobre tablas de proyectos de ordenanzas apresurados, que para muchos, parecían querer “blanquear o legalizar hechos consumados oportuna y subrepticiamente”.

En el medio, recordemos que Aeropuertos Argentina 2000 seguía manifestado su interés en financiarlo y administrarlo, y en ese caso, acuerdo mediante, podría haberse obviado el proceso de licitación pública, una figura legal que generó recelo respecto del formato que podría tener la participación de la empresa y oposición dentro del propio EMPROCENTRO.  La propuesta estaba relacionada a un sector del empresariado turístico local, y fue presentada a través de la figura de una persona que siempre se había movido en el ámbito gerencial barilochense con capacidades de “lobbysta”: Fernando González, en esos tiempos, al frente de la estación aeroportuaria.

SEDUCIENDO AL ELECTORADO

En el año 2004, las miradas volvieron a posarse en el “elefante blanco”. El Concejo Municipal avanzó con un proyecto de ordenanza, reclamándole al gobierno provincial la devolución del predio de cinco hectáreas donde se erigía el edificio abandonado. El intendente Marcelo Cascón proyectaba esta vez, crear allí un Centro Cultural y el prometido jardín botánico municipal que jamás se había construido, pero al retomar definiciones respecto al tamaño, funcionalidad y accesibilidad en relación a la circulación, se terminó por descartar una vez más, la posibilidad de reciclaje. La buena noticia fue que el terreno volvía a Bariloche después de 25 años.

Año después, un Alberto Icare recién llegado a la intendencia, anunció en un acto de populismo democrático que la ubicación sería determinada a través de una consulta a la población, dejando “de lado intereses de algunos y oposiciones infundadas de otros”. Su discurso tenía dos defectos. El primero poner en manos de gente que no tiene conocimiento de lo que es un impacto ambiental o territorial planificado, la decisión de una locación. El segundo, la frase “oposiciones infundadas”, dado que el mismo reconocía al principio de la frase que los intereses privados estaban a la orden del día.

Pasados cinco años, en el 2009, EMPROTUR comunicó a los medios que avalado por el Secretario de Turismo Nacional, Enrique Mayer y el especialista Arnaldo Nardone, se presentaba un borrador de trabajo para retomar el proyecto, pero en otra locación. Nación, Parques Nacionales y empresarios particulares, evaluaban la posibilidad de instalar el CCC en terrenos de Parques Nacionales y circundantes, ubicados en la costanera de la ciudad, con una inversión cercana a los 65 millones de pesos. El dinero estaba, Nación aportaba, la presentación la hizo el Ente Mixto donde se suponía que confluían intereses empresariales y estatales y Nardone aseguraba que era el lugar ideal. Pero el anuncio sólo sirvió para la foto. Hasta una comunicación del Concejo Deliberante, la CM-09-658, con autoría de la actual gobernadora electa, Arabela Carreras, deja expresa muestra de esto, con el reconocimiento al senador Pichetto por gestiones realizadas ante la Sra Presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, a fin de gestionar los fondos y el apoyo político necesario para que el proyecto largamente buscado por la ciudad de Bariloche, se haga realidad en el corto plazo”.

El reconocimiento seguramente quedó documentado en el inconsciente popular, pero la obra no se hizo. Si bien el proyecto había encontrado consenso, definición profesional y fondos, fue interceptado por el entonces ministro de Río Negro, Rovira Bosch, ex componente empresarial de Bariloche, bajo la intención de que era mejor contar con un predio ferial para el cual había que definir un lugar. Y tras él fue todo el empresariado.

Tiempo después, en el 2010, se comienza a impulsar la construcción del CCC en las tierras del Ejército bajo el consenso y la coincidencia de funcionarios y empresarios locales. Según el informe del Plan de Ordenamiento Territorial presentado por la Municipalidad, la “accesibilidad y la posibilidad de futuras ampliaciones” habían sido medidas tomando “la perspectiva de crecimiento de Bariloche a 60 años”. Hoy, apenas siete años más tarde, queda claro el manifiesto error de análisis con sólo transitar las rutas de conexión del oeste en los horarios pico. El proyecto presentado por la consultora Singerman & Makon, se orientaba a la construcción de un centro de exposiciones, ferias y mega eventos deportivos y culturales, bajo la concepción de espacio multipropósito, pero terminó sumando ciertas complejidades como la construcción de vías de conexión interurbanas y una nueva centralidad con derrame en el uso social local. Traducido al castellano: años de dificultad y mucho gasto público que nadie estaba dispuesto a ceder.

Retomando una vez más la necesidad de reciclar el viejo edificio del barrio Jardín Botánico, en 2014, la intendenta María Eugenia Martini, entonces, firmó un convenio con el Colegio de Arquitectos de Río Negro para encargar el llamado a concurso de proyectos para la construcción de una sala de teatro y una sede para el Instituto Nacional de Teatro. Dicha institución aportaría la totalidad del financiamiento para la edificación. A su lado, el entonces secretario de Desarrollo Estratégico de la Municipalidad, Horacio Fernández, declaró que la obra tendría un plazo previsto de ejecución de 270 días. “Es un tiempo relativamente corto teniendo en cuenta la importancia de la edificación”, dijo.

La Municipalidad iba a invertir en la obra 2 millones de pesos, complementando el aporte de 6,5 realizado por el Instituto Nacional del Teatro (Inti), pero la obra se paralizó cuando la municipalidad no cumplió con la presentación de la papelería administrativa necesaria para recibir una segunda remesa, y los fondos se perdieron. 

Está demás decir que para el 2016, ya se habían instalado y desinstalado más de 16 proyectos, y con la llegada de Gennuso a la intendencia, volvimos a las tierras del Ejército. Todo parecía controlado. Se anunció la existencia de los estudios de factibilidad y económico realizados por una consultora privada, bajo encargo del Ministerio de Turismo de la Nación. También la iniciación de las gestiones para lograr la disponibilidad de la tierra y la promesa de la provincia de construir el edificio con dinero del plan Castello.

Todos sonreían ante el consenso logrado, cuando el especialista Arnaldo Nardone dio su opinión y le bajó el pulgar a la idea. La tendencia actual en el mundo privilegia la proximidad entre la sede del congreso y los lugares de alojamiento, gastronomía y otros servicios. La gente quiere caminar unas pocas cuadras hasta llegar a la sede.

El entonces presidente de la Cámara de Turismo, Daniel García, un hombre surgido del seno del empresariado local como el elegido para el cargo, se reconoció impactado por las afirmaciones del especialista que detalle más, detalle menos, aseguró que “elegir el lugar equivocado sería del fracaso del centro”. Para él, “lo que dijo Nardone fue demoledor”.

Para darle una vuelta más a la historia, y ante la alternativa de que se volviera a analizar nuevamente la locación sobre la costanera, un proyecto ejecutivo que rondaría los 12 millones de pesos, el municipio se excusó de una nueva dilación basada esta vez en la suba de la inflación, mientras recuperaba finalmente los fondos reservados para el pago, destinándolos a otros proyectos.

En 2023, la ya ex gobernadora Arabela Carreras presentó una vez más el proyecto para la construcción de un futuro Centro Cultural Bariloche en la zona de la circunvalación que iba a contar con una superficie cubierta de 14.600 metros cuadrados, fragmentado en cinco espacios con distintas funcionalidades, lo cual significaría un avance para la localidad Andina. Tampoco sucedió.

FINAL DE LA HISTORIA Y CONCLUSIÓN

Finalmente, hoy, el intendente Walter Cortés, parece haber comenzado a trabajar sobre  el viejo edificio abandonado, conocido como “el elefante blanco”, descartado hace 50 años por el desembolso que supone la  actualización de la vieja mole de hormigón que en gestiones anteriores resultaba poco funcional.

El techo del edificio, aseguraron los responsables de este proyecto, podría resolverse con “un tinglado clásico de hierro y chapas” o “el uso de “lonas” resistentes al viento, la nieve y otras inclemencias”. Un proyecto que parece tener buenas intenciones, poco análisis de factibilidad y costos, aún cuando ya lleva en su haber una reunión con el licenciado Ignacio Lamothe, secretario general del Consejo Federal de Inversiones CFI) para avanzar en alternativas de financiamiento. Para muchos, un techo de pobres recursos que resultará en un alto costo de inversión pública.

Quizás el cierre más concreto de esta larga historia, fue expuesto por el propio Cortés, cuando dijo «que los debates sirvan para avanzar, no para estancarnos.»

CONCLUSIÓN: Mientras Bariloche mira pasar el tiempo entre promesas fallidas, estudios de factibilidad que han quedado perimidos y fondos públicos gastados sin sentido y sin balance como para hacer el seguimiento de su destino, el gran proyecto fue suplido por salones privados alternativos que no llegan a encontrar esa masividad soñada en el turismo de eventos y negocios. Hoy la actividad encontró el pulso de las necesidades más actuales y responde con sistemas híbridos en los que los grandes salones conviven con la comodidad de la casa.

Aunque cada tanto se lo recuerde, es claro que el «elefante blanco» perdió la trompa y con ella esa herramienta versátil que le servía a su supervivencia. Mientras tanto, la necesidad comunitaria mira para otro lado, el empresariado parece haber cambiado sus objetivos, y los gobiernos…los gobiernos nunca cambian

Fuente: https://enfoquespatagonia.com.ar/elefante-blanco-bariloche