El Gobierno evalúa sancionar a Flybondi por crisis operativa antes de la temporada alta
La incertidumbre sobre el futuro de Flybondi, la aerolínea low cost líder en Argentina, crece conforme se acerca la temporada alta y las fiestas, momentos clave para el transporte aéreo. Ante el creciente número de incumplimientos operativos, que han generado fuertes quejas y tensiones con los pasajeros, el Gobierno no descarta la posibilidad de suspender a la compañía.
Desde 2024, Flybondi ha enfrentado problemas serios, como modificaciones y cancelaciones masivas de vuelos. Según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la aerolínea ha modificado el 27% de sus vuelos este año, y las cancelaciones y reprogramaciones podrían superar el 45% en diciembre. En noviembre, casi el 20% de sus vuelos fueron cancelados, lo que se traduce en 384 vuelos cancelados de los 1.991 operados, además de más de 700 vuelos reprogramados.
El Gobierno ha mostrado paciencia en el pasado, pero las autoridades advierten que los resultados siguen siendo inaceptables. «Hemos sido flexibles, pero la situación no mejora», dijeron fuentes oficiales. En este contexto, se barajan medidas drásticas, como la suspensión del Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA), que permitiría retirar el permiso a Flybondi para operar vuelos comerciales. Además, se evalúan sanciones económicas de hasta 200 millones de pesos y la suspensión de rutas.
El colapso operativo de la aerolínea incluye incidentes de seguridad, fallos en el mantenimiento de las aeronaves y graves irregularidades en sus talleres. La Junta de Seguridad en el Transporte está investigando varios eventos, incluidos emergencias en vuelo y fallas en la gestión de aeronaves. La compañía ha intentado mitigar la situación con un plan correctivo, pero el Gobierno considera que las acciones presentadas son insuficientes.
Otro de los cuestionamientos es la falta de inversión en equipos para el manejo de rampa, a pesar de que Flybondi recibió autorización para operar en ese sector. La compañía, que fue fundada en 2018 y actualmente cuenta con 17 aviones y opera en 19 rutas nacionales y tres internacionales, enfrenta rumores de una posible venta, además de la creciente presión por mejorar su rendimiento.
La Secretaría de Transporte ha dado un plazo de 48 horas para que la aerolínea presente un plan correctivo más concreto. Entre las medidas solicitadas se encuentran la mejora en la programación de vuelos y la reducción de las cancelaciones. El Gobierno exige que Flybondi ajuste sus solicitudes de vuelos a la capacidad operativa real de la empresa, evitando ofrecer itinerarios que no pueda cumplir.
El panorama es incierto, y las autoridades siguen evaluando si las propuestas de Flybondi serán suficientes para evitar nuevas sanciones y asegurar que la aerolínea pueda cumplir con las expectativas de los pasajeros en la temporada de alto tráfico. Mientras tanto, la ANAC ha reanudado el proceso de sanciones por incumplimientos operativos, con el objetivo de proteger a los pasajeros y garantizar la calidad del servicio en el sector aéreo.
El Gobierno también mantiene su compromiso con la política de «Cielos Abiertos», que busca una mayor eficiencia en el sector aéreo, sin que ello implique sacrificar los derechos de los pasajeros a recibir servicios de calidad y a tiempo. En este contexto, Flybondi enfrenta una de sus crisis más complejas, mientras los pasajeros esperan una solución rápida y efectiva
