11 diciembre, 2024

Comallo: Justicia restaurativa y COVID 19

Un grupo de cuatro personas violó las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en la localidad de Comallo y debieron comprar alimentos que fueron entregados a 28 familias en situación de vulnerabilidad. Se trata de un caso de justicia restaurativa en la cual se aplicaron métodos autocompositivos de resolución de conflictos.

La investigación contra las cuatro personas que desobedecieron la obligatoriedad de las medidas sanitarias fue derivada inicialmente a la Oficina de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, a cargo del fiscal Inti Isla.

Un joven ingresó a la localidad de otra ciudad y debía cumplir según el protocolo sanitario con dos semanas de aislamiento y pese a hacer sido notificados de la situación, recibieron visitar en su vivienda. Vecinos del lugar avisaron de lo ocurrido a las autoridades lo que motivó la presencia policial y el inicio de las actuaciones.

Cabe señalar que la situación no produjo contagios del virus de Covid-19.

Las personas involucradas no poseían antecedentes penales y se generó la aplicación de un criterio de oportunidad para finalizar el proceso, ofreciendo donaciones en favor de instituciones públicas, en el marco del proceso dispuesto por la Oficina de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos.
 
El dinero en este caso fue utilizado para comprar bolsones de frutas y verduras para hogares en extrema situación de vulnerabilidad y en total con lo recaudado se pudo ayudar a 28 familias a paliar la grave situación económica que atraviesan.

En un principio se pensó en adquirir zapatillas absolutamente necesarias en algunas familias de la zona. La compra de vegetales fue acreditada mediante una rendición del dinero recibido, tal lo exige esta oficina del Ministerio Público Fiscal en los acuerdos logrados.

La estrategia de la mediadora que abordó el caso, fue informar a los imputados de los alcances de esta conciliación y la importancia de reflexionar acerca de lo sucedido en este contexto sanitario. De este modo se procura que el arribo a una solución al conflicto pueda percibirse de un modo concreto y distinto.

La intención del Ministerio Público Fiscal, en estos tipos de situaciones, es procurar que quien llevó a cabo diversos hechos que se consideran «delitos de bajo impacto», pueda reparar el perjuicio ocasionado a través de un aporte en horas de trabajo comunitario, dinero o bienes materiales en favor de la sociedad.

En el marco del Código Procesal Penal, tal lo especifica su articulado en referencia a la «Solución del Conflicto; es función primordial del fiscal a consecuencia de un determinado hecho, intentar la resolución del mismo, estableciendo la armonía entre sus protagonistas y generando respuestas alternativas al delito».