10 diciembre, 2024

Fiscal solicitó la pena máxima por delito de abuso de autoridad


El Fiscal Jefe Martín Lozada junto al fiscal del caso Guillermo Lista, en la clausura del juicio que se llevó en contra de dos empleados policiales, solicitó la pena de 2 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por doble tiempo (máximo previsto para este tipo de delitos) para ambos por abuso de autoridad; tal lo previsto en el artículo 248 del Código Penal. 

Durante los alegatos el Fiscal Jefe Lozada subrayó que en referencia a la materialidad del hecho que se encuentra probado la desaparición del oficial Lucas Muñoz el día 14 de julio y que el día 15 a las 13:19 horas se dió de alta la línea telefónica a su nombre, sin que ninguna autoridad judicial ordenara o autorizara el alta de la misma. En este sentido recalcó que la misma fue activada en la zona de Catriel, de forma presencial y que fue a solicitud del imputado, según declaración del propietario de dicho lugar. «Jamás fue puesta en crisis esta situación», manifestó el fiscal Lozada.

Consideró Lozada que «ha quedado desacreditado que ambos imputados hubieran actuado con el conocimiento y consentimiento de sus superiores jerárquicos». En cambio «quedó probado el vínculo existente entre los acusados y los mensajes y llamadas intercambiados entre ellos el día 15 de julio hasta la activación de la línea». 
«Cabe concluir que ambos acusados incurrieron en un manifiesto abuso funcional; uno de los imputados en particular, por cuanto no podía solicitar lo que estaba fuera de su competencia, pues no era el policía encargado de la investigación de la desaparición de Muñoz y tampoco tenía facultades para inmiscuirse en la intimidad de las personas sin previa autorización u orden judicial», expresó.
Agregó además que «los imputados incurrieron a sabiendas en el delito indicado, ya que actuaron excediendo sus facultades, en tanto carecieron de la autorización de los funcionarios judiciales a cargo de la investigación. Esta maniobra ilícita, no autorizada judicialmente afectó derechos constitucionales fundamentales que hacen a la privacidad de las personas. Además perjudicó la investigación que por entonces se desarrollaba para dar con el paradero del oficial Lucas Muñoz ya que se desvió y motivó falsas expectativas sobre su paradero».
Sostuvo por último que «ambos acusados debieron actuar bajo un marco de legalidad que conocían por su tarea como empleados policiales, o haber incluso comunicado la situación a la fiscalía o al Juzgado. Nada de ello, sin embargo, hicieron antes de que la investigación detectara que la activación se debía a su conducta». 
La defensa de ambos imputados solicitaron que sus defendidos sean absuelto de los hechos que se les atribuyen. Los letrados plantearon cuestionamientos a la calificación legal impuesta y solicitaron diferentes encuadres legales para la conducta desplegada al momento del hecho. Los acusados prestaron declaración ante el tribunal, antes de la formulación de  alegatos por las partes. 
El Tribunal integrado por el Juez de Juicio Marcelo Barrutia, dará a conocer la sentencia resultante de este juicio, el día 3 de abril de 2019 a las 13:00 horas.